Los recientes pagos que hizo la Gobernación de Córdoba, por un valor cercano a los 5.500 millones de pesos, a las deudas por concepto de lo que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud, nuevamente fueron cuestionados por los habitantes de esta sección del país.
Lo anterior, porque justamente el manejo irregular de esos recursos, los pagos ilegales a carteles como el de la hemofilia y de neurodesarrollo tienen en la picota pública a varios dirigentes y funcionarios, incluido al suspendido gobernador, Edwin Besaile, quien enfrenta procesos judiciales por el pago de una factura por el tratamiento de 14 falsos pacientes de hemofilia.
Ante esa situación, el secretario de Salud de Córdoba, Eduardo Vélez Baquero, salió en defensa de los pagos hechos y los justificó indicando que lo hicieron atendiendo una recomendación hecha por el Ministerio de Hacienda.
Explicó que en el mes de septiembre del año 2017, el Ministerio de Hacienda reformuló la medida cautelar en contra del departamento de córdoba y dejó en firme la suspensión de los giros para los servicios No Pos y para la atención de la población pobre no asegurada y en la misma ordenó a la Gobernación de Córdoba y a la Secretaría de Salud de Córdoba cumplir con un plan de acción que incluía realizar abonos a prestadores de servicios NO POS con recursos de rentas seguidas o recursos propios.
Sostuvo además que la Procuraduría General de la Nación lo había citado a él y al asesor financiero Dilson Bula, para instarlo a hacer acuerdos de pagos con los prestadores del departamento a quienes hasta la fecha se le adeudan dineros por los servicios realizados a los pacientes.
“En atención a los requerimientos del Ministerio de Hacienda, la Secretaria de Salud de Córdoba procedió a realizar los pagos parciales acordados, priorizando principalmente a proveedores de medicamentos y tecnología No Pos ya que la gran mayoría de tutelas que llegan al ente departamental son por conceptos de medicamentos y tecnologías de ese tipo”, indicó el funcionario.
Aclaró que en cierta medida esos proveedores son contratados por las diferentes EPS que hacen presencia en Córdoba y en atención a la resolución 1479 del 2015, estos pagos deberán realizarlos el ente territorial.
Dijo así mismo que las facturas canceladas hasta la fecha han sido debidamente auditadas, verificándose la prestación efectiva del servicio facturado y que están dando cumplimiento al plan de acción sugerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad con el propósito de lograr que se descongelen los recursos retenidos por el Ministerio durante 25 meses, que ascienden a la suma de 70 mil millones de pesos, recursos que se utilizarán para la cancelación de los servicios No Pos que se adeudan a las diferentes EPS, hospitales públicos, clínicas privadas y proveedores de servicios de salud.
Fuente Consultada: NIDIA SERRANO [email protected]