Designan fiscal de apoyo en investigación contra Nicolás Petro
Mañanas Blu 10:30 am conoció una resolución de la Fiscalía que le asigna a Lucy Marcela Laborde, quien lleva la investigación contra Nicolas Petro por lavado de activos, una fiscal de apoyo para que “asesore, oriente y asesore jurídicamente el caso”.
Es decir, a la fiscal que investiga al hijo del presidente le pusieron a alguien de su rango en este caso que tendrá todas las facultades para conocer cada letra del expediente e incluso podría reemplazar a la “fiscal titular” en audiencias por si no puede asistir. La resolución No.33 del 8 de septiembre la firma Aura Trujillo, delegada para las finanzas criminales de la fiscalía.
Si bien esta figura del fiscal de apoyo es algo que se puede asignar, goza de legalidad y tiene sentido en situaciones especiales, para varios juristas consultados por este medio resulta suspicaz que se haga en el momento y contexto de una de las investigaciones más sensibles e importantes que hoy tiene la Fiscalía, al hijo del presidente Gustavo Petro.
Primero, la resolución se firma exactamente el mismo día en el que formalmente se anuncia la nueva y segunda imputación contra Nicolas Petro. Esta vez, una fiscal con despacho en Barranquilla acusará al exdiputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La bomba de esta imputación y que sacudió las oficinas más poderosas de la Fiscalía es que viene con medida de aseguramiento.
Segundo, consultando con penalistas importantes y personas que trabajaron en la Fiscalía, le explican a Mañanas Blu 10:30 a.m. que el fiscal de apoyo lo suele solicitar quien lleva la investigación, y lo hace por lo general cuando se encuentra desbordado por el trabajo que implica la misma. La solicitud es formal, y la suelen anteceder unas mesas técnicas.
Acá nada de esto ocurrió. Este medio pudo confirmar que la fiscal Laborde en ningún momento solicitó un fiscal de apoyo, como en la resolución se refleja.
Además, acá no se investiga una asociación ilícita ni un caso sistémico y complejo como el de la UNGRD u Ocad-Paz. Se trata de hechos individuales sobre alguien que presuntamente no puede justificar su patrimonio.
En conclusión, la fiscal que investiga al hijo del presidente tendrá dentro del caso a alguien de su rango que le asignaron sin pedirlo y que puede interferir en el caso, pues la resolución dice textualmente que la fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez, podrá y deberá “orientar el caso”.
¿Qué significa concretamente orientar el caso? ¿Qué injerencia podría tener alguien externo a la investigación que fue delegada por una persona que responde a la fiscal general de la Nación? A la fiscal titular sin pedirlo ni necesitarlo le colocan un “observador interno” que funciona en la práctica como control y vigilancia sobre sus actuaciones.
Un exfiscal consultado, que prefiere la reserva de la fuente, señala que “es una forma de intervenir en la autonomía funcional sin generar un choque institucional ni un escándalo mediático”.